La Justicia ha dejado claro que "no existió delito ni mala praxis" y, por ello, "debe haber una comparecencia pública de la Presidenta de la Comunidad de Madrid donde reconozca que se equivocó, pida perdón y se comprometa a reparar el daño cometido", aseveró el citado sindicato en un comunicado, tras conocerse el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que ratifica el sobreseimiento y archivo de las presuntas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa.

"Con la destitución del doctor Montes, el cese de cinco jefes de servicios, tres supervisores y la multitud de expedientes abiertos a trabajadores por apoyar públicamente a los médicos de urgencias, sobrevino una pérdida de confianza en los recursos públicos sanitarios", denuncia UGT.

En el año 2005 y 2006 los asegurados de asistencia sanitaria privada se incrementaron en la Comunidad de Madrid un 28,3% y un 29,5%, respectivamente, como consecuencia de la desconfianza sembrada en la sanidad pública por las sedaciones del Hospital Severo Ochoa, continúa el sindicato.

Finalmente, concluye, "la suspensión de la práctica de la sedación terminal ha condenado a multitud de enfermos terminales a sufrir una muerte dolorosa y agónica", por lo que urgió al Gobierno regional "a asumir su responsabilidad en este proceso y a retractarse públicamente ante toda la ciudadanía madrileña".