En su opinión, "se trata de una medida razonable y urgente, de justicia social" que es preciso que "las comunidades autónomas refuercen" para ampliar el número de beneficiarios (cerca de 300.000 según los requisitos actuales).

"Valoramos las ayudas positivamente", declaró Ferrer, pero añadió que "deberían ampliarse a otros colectivos", y subrayó que "exigiremos prórrogas para llegar a los 12 meses".

Asimismo, el responsable de UGT solicitó a la administración complementar estas medidas con "planes de formación y de contratación pública y con políticas activas de empleo.

En este sentido, se refirió al desarrollo de la futura Ley de Economía Sostenible y al nuevo Plan de Inversión Local, del que destacó que significará "el cambio necesario de nuestro modelo hacia una producción de valor añadido, las energías renovables y la atención al déficit de servicios sociales".