En rueda de prensa con motivo de la reunión del Consejo Confederal ugetista -órgano de debate-, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, denunció esta "nueva actuación autoritaria y antisocial del Gobierno".

Ferrer recordó que la primera intención de permitir a las mutuas empresariales dar de alta a los trabajadores con incapacidad temporal se produjo en el paquete liberalizador de junio de 2000, tras la mayoría absoluta del PP. Entonces, una carta de José aría Fidalgo y Cándido Méndez a José María Aznar paralizó el intento, que ahora retoma, en forma de proyecto de Real Decreto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Este proyecto "rompe el compromiso de Aznar" y supone una medida "claramente antisocial", denunció el dirigente ugetista, quien anunció que CCOO y su sindicato ya han pedido al secretario de Estado de la Seguridad Social, Fernando Castelló, que retire el proyecto.

La idea del Gobierno, según UGT, es que el silencio administrativ suponga un alta para el trabajador, esto es, que si las mutuas proponen -como pueden hacer hasta ahora- el alta de un empleado y la inspección no responde en un plazo de 15 días, automáticamente el trabajador estaría dado de alta.

Este cambio "rompe" con el principio de que el silencio administrativo significa negativa, denunció el secretario de Acción Sindical de UGT, quien lamentó que las mutuas, que "dependen de las organizaciones empresariales", vean aumentado su poder.

"Se da un paso en la rivatización de la salud del trabajador" y se "priva" al servicio público de salud de una de sus funciones, que queda en manos privadas, según Ferrer.

El dirigente ugetista rechazó que se vea al trabajador enfermo como un "presunto defraudador". Por ello, además de reclamar la retirada del proyecto, UGT y CCOO demandarán a Trabajo la apertura de un proceso de negociación para revisar la gestión de la incapacidad temporal desde el punto de vista económico, médico y social.

ACTUALIDAD

El Consejo onfederal de UGT abordó, asimismo, varios temas de actualidad, caso del proceso de ampliación de la UE a 25 países que culminará el mes de mayo próximo o la celebración de la Conferencia Intergubernamental en Roma el 4 de octubre para abordar la redacción de la Constitución europea.

La Confederación Europea de Sindicatos quiere que todo lo relativo a la solidaridad, la justicia social y la participación de los agentes sociales gane peso en la Constitución y se incluya en la Sección Tercera, que fija l ejecución de la política europea. CCOO y UGT están pendientes de mantener un encuentro con Aznar sobre este asunto.

Asimismo, se analizaron los Presupuestos Generales del Estado para 2004, que no corrigen los déficit sociales, en infraestructuras, I+D+i o inversión en capital humano existentes en España, según UGT.

El "empeoramiento" de la calidad en el empleo y el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva 2003 también centraron los debates. El ANC será evaluado entre sindicatos y patrona en octubre, en vistas a una eventual renovación del mismo.

Además, UGT mantiene su intención de hacer frente común con CCOO para la defensa del sistema de pensiones y valoró el papel del nuevo Pacto de Toledo.

Para Ferrer, el borrador del acuerdo político sobre pensiones incorpora aspectos "positivos", como reducir el periodo para separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social o atender a nuevas contingencias no cubiertas, caso de la dependencia o nuevas coberturas familiares.

Sn embargo, mantiene un "grado de abstracción" y "generalidad" sobre temas que no quedan resueltos, a juicio de UGT, como la mejora de las pensiones mínimas, la regulación de la figura del prejubilado o la búsqueda de otras fuentes de financiación para el sistema de pensiones.