En un comunicado, la central sindical asegura que la privatización del servicio de atención telefónica supone "un grave incumplimiento" de la normativa reguladora del tratamiento de datos de carácter personal ya que, para realizar su trabajo, una tercera empresa deberá tener acceso a los datos confidenciales de los fcheros de la Seguridad Social.

Además, el sindicato critica también que otros servicios prestados por el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hayan sido privatizados y alega que "también vulnerarían el derecho a la confidencialidad de los ciudadanos" sobre sus datos de cotización y salario.

Finalmente, destacan que todas estas actuaciones de la Administración vulneran la Ley de Tratamiento de Datos Personales y también la Ley Orgánica sobre Cesión de Datos, ya que se ha permitido el acceso deterceras personas a datos confidenciales sin cumplir el requisito del previo consentimiento de los afectados.