A juicio de UGT, la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), aprobada en 1982, ha sido objeto de tal grado de dejación en su cumplimiento y desarrollo en materia de empleo que al cabo de 13 años los discapacitados continúan siendo excluidos laboralmente.

Ante esta situación, la central aboga por ladefensa de los derechos de los trabajadores discapacitados a través del apoyo de acciones que posibiliten el acceso al empleo ordinario.

UGT demanda a la Administración la adopción de medidas que faciliten la incorporación del minusválido a las empresas, como la supresión de barreras arquitectónicas y la concesión de partidas presupuestarias reales y suficientes para la adaptación de los puestos de trabajo.

Además, la organización sindical defiende el mantenimiento del empleo para aquellos trabajdores con discapacidades sobrevenidas por accidente de trabajo o enfermedad laboral, a través de la rehabilitación y la adaptación a un puesto acorde con sus capacidades.

Por otra parte, UGT exige el cumplimiento y la ampliación de la cuota de reserva de puestos de trabajo, así como la creación de un canon de solidaridad, consensuado con la patronal, destinado a la adpatación de puestos de trabajo, supresión de barreras arquitectónicas, formación profesional o recualificación de trabajadores discapaciados.

Finalmente, el sindicato reitera la necesidad de establecer servicios especializados de información laboral y de orientación profesional, un cupo de reserva para los cursos del Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP) de la FORCEM y que el INEM desarrolle sus funciones de incentivación de la Oferta de Empleo para minusválidos, asumiendo su papel de intermediación y de apoyo para la colocación de miembros de este colectivo.