José Ricardo Martínez, secretario general de UGT, volvió a criticar la política urbanística de la Comunidad de Madrid, en una rueda de prensa celebrada en el marco de la jornadas de "Vivienda, Urbanismo y Economía", que organiza el sindicato ugetista en la sede del Consejo Económico y Social (CES).

"La puesta a disposición de centenares de miles de metros para que la inciativa privada produzca vivienda no ha tenido como consecuencia el abaratamiento de los precios de la vivienda, pero ni siquiera la estabilización", aseguró Martínez.

Asimismo, explicó que, entre el año 1998 y 2005, se han construido en torno a 510.000 viviendas. Eso supone una media anual de 65.000 viviendas construidas, cifra que supera en un 40% los 45.000 hogares netos creados. "Lo cual indica", señaló el dirigente ugetista, "que una tercera parte de la vivienda construida se ha hecho para la inversión y la especulación".

Respecto a los precios, Martínez subrayó que, pese a que en Madrid se ha construido, en el bienio 2004-2005, seis veces más viviendas por kilómetro cuadrado que en el promedio nacional, los precios suben más que la media española. En concreto, esos precios subieron un 161,4% entre 1.997 y 2005.

Martínez destacó la importancia del anteproyecto de Ley de Suelo de ámbito estatal que prepara el Gobierno, que "tiene como objetivo eliminar el componente especulativo en la construcción de viviendas, considerar la VPO como un argumento esencial para acceder a una casa y que incluye criterios medioambientales y de sostenibilidad de desarrollo urbanístico y prediseña un modelo de territorio y un modelo de ciudad".

Asimismo, aseguró que hay administraciones gobernadas desde partidos de la izquierda en las que la vivienda social es una regla generalizada a la hora de la planificación de las ciudades, pero que ocurre así con el Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre.

Martínez agregó que el Plan de Estrategia del Territorio con el que el Ejecutivo de Aguirre pretende aumentar la agilidad, seguridad y transparencia en el mercado del suelo promueve "justamente lo contrario" de lo que dice tener como objetivo.

"Un ejemplo es que se retira la obligatoriedad del 50% de VPO en municipios de menos de 15.000 habitantes donde se concentra el 80% de posibilidad de construcción de viviendas", dijo Martínez.