Luján se expresó de este modo en una rueda de prensa en la que se abordó la situación actual de la demanda interpuesta por UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el “bajo coste” del despido en España. Dicha queja fue admitida a trámite en octubre y el Gobierno y la patronal han tenido que presentar posteriormente sus alegaciones.

“En un escrito un poco contradictorio, como yo creo que el propio Gobierno, nos viene a señalar que en España sí hay una respuesta adecuada ante despidos improcedentes”, denunció Luján, que explicó que el Ejecutivo está intentando limitar la respuesta de la justicia europea “a unos casos muy específicos” y “muy injustificados”.

Según detalló, la respuesta del Gobierno sostiene que se están aumentando los supuestos sometidos a nulidad. “No sé si es una advertencia de que se van a aumentar todos los supuestos de nulidad y vamos a tener mayores causas de nulidad”, se preguntó Luján, que aclaró que esta posición se “contradice” con la posición del Tribunal Supremo ante la prohibición de determinados despidos durante la pandemia de covid-19.

Además, señaló que “no deja de ser llamativo” que el Gobierno hable en sus alegaciones de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de la reforma laboral y del “pequeño aumento” que ha habido en la protección por desempleo.

También censuró que el Gobierno considere que ante un despido improcedente, elevar la indemnización de 20 a 33 días por año trabajado ya es “disuasorio” para las empresas. Igualmente, detalló que el Gobierno indicó que es “mejor” no establecer protecciones diferentes en función de las circunstancias de cada persona al ser despedidos.

Con ello, a juicio de Luján, esto es “un reconocimiento implícito de que no se está cumpliendo la Carta Social Europea”. “La carta exige esos dos parámetros: reparación del daño y disuasión. No es una u otra. Son las dos”, aseveró el ‘número dos’ de UGT.

Del mismo modo, el vicesecretario de Política Sindical de UGT lamentó que Gobierno y patronal coincidan en sus alegaciones en que las cuestiones sobre el despido en España ya quedaron zanjadas al excluirse de la reforma laboral de 2021, pactada entre Ejecutivo, CCOO, UGT y CEOE-Cepyme. “La afirmación es falaz”, lanzó Luján, que destacó que se excluyó el tema, pero sí se trató.

CEOE se oponía a modificar el despido y el Ejecutivo decidió establecer el “perímetro” de los asuntos que se incluirían en la reforma laboral en los hitos pactados con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

MENTIR

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dijo que decir que el despido quedó zanjado en la anterior reforma laboral “es mentir directamente” y recordó que desde el sindicato, durante y tras la negociación de la legislación laboral, ya se advirtió de que quedaban cuestiones fuera que se deberían abordar más adelante.

El líder sindical se mostró “satisfecho” del resultado de la reclamación colectiva interpuesta por UGT incluso antes de la resolución de la misma, ya que ha permitido poner este tema en el debate público.

“Nos somos muy optimistas de que a corto plazo haya un cambio en la legislación en España, básicamente porque hay un período electoral inminente y eso siempre dificulta que se puedan entrar a hacer cambios legislativos”, aclaró Álvarez, que, no obstante, cree que ha comenzado un “camino” para tener un sistema de relaciones laborales y de extinción de contratos “más justo”.

Además, Álvarez mostró su deseo de que las cuestiones sobre el despido formen parte de los debates y de los programas ante las próximas elecciones generales. “No es para pedir el voto a nadie. Lo que queremos es que todos se comprometan”, remarcó el responsable de UGT, para añadir a renglón seguido que incluso se dirigen al PP para pedirle que asuman la reforma laboral para dar “tranquilidad” a los votantes de que gane quien gane no perderán un contrato indefinido los empleados que lo tienen tras la entrada en vigor de la reforma laboral.

Por otro lado, Álvarez explicó que una segunda fase de la reforma laboral, además del coste del despido, debe tratar también las causas de los mismos, recuperar los salarios de tramitación mientras se resuelve un proceso judicial por despido y la reforma de los despidos colectivos.

Todo ello, según reconoció, no podrá hacerse hasta la próxima legislatura. Eso sí, aunque haya cambio de Gobierno, Álvarez avisó de que la resolución de la justicia europea tendrá que ser aplicada guste o no al Ejecutivo: “La sentencia será ley”, proclamó.

Finalmente, sobre posiciones diferentes en el Gobierno, ya que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su posición favorable a modificar la legislación del despido en España, ambos representantes sindicales explicaron que la posición definitiva del Gobierno se expresa en este documento.

Ante las palabras del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, de que la respuesta a la demanda de UGT era una competencia del Ministerio de Justicia, desde UGT indicaron que corresponde a la abogacía del Estado, que también está presente en la cartera dirigida por Yolanda Díaz.