La demanda consiste en una reclamación colectiva presentada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, el órgano del Consejo de Europa que supervisa el cumplimiento de la Carta Social Europea por parte de los Estados, ya que considera que actualmente se está incumpliendo.

El sindicato explicó en rueda de prensa que la política de España en materia de vivienda también vulnera otros artículos de la Carta Social Europea Revisada, como los 16, 17, 19 y 30, que abordan la protección de la familia, los jóvenes, las personas trabajadoras migrantes y contra la pobreza, respectivamente.

Sobre el porqué de esta reclamación cuando la Constitución Española ya dispone de un artículo en el que defiende en el derecho a una vivienda digna (artículo 47), el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, recalcó la diferencia entre principio rector y derecho exigible. "El artículo 47 está considerado como un principio rector y está sometido a las políticas de vivienda mientras que la Carta Social Europea lo reconoce como un derecho exigible, en el momento en el que modifiquemos esto como un derecho podrá ser exigido ante los tribunales de justicia europeos", explicó Luján.

El sindicato, que tildó de "vergüenza" el hecho de que España únicamente disponga de un 2,5% del parque público protegido, uso un tono muy crítico contra la Ley 12/2023, conocida popularmente como Ley de Vivienda. "Nos hemos dado cuenta de que en su redactado es poco imperativa y usa demasiados verbos como 'sugerir' o 'favorecer'", lamentó Luján, quien también criticó que los sindicatos de clase no formen parte del Consejo Asesor de Vivienda.

Asimismo, UGT tildó de "pobre" y "poco ambicioso" el propósito de alcanzar un 20% de vivienda protegida en un lapso de 20 años. "No podemos esperar 20 años", recordó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien puso sobre la mesa el hecho de que los jóvenes españoles retrasan su edad de emancipación más allá de los 31 años o el dato de que el importe mediano de un alquiler es de 950 euros, mientras que el salario mínimo es de 1.150 euros.

"No puede ser que haya españoles destinando un porcentaje tan elevado de sus ingresos mensuales a sufragar un alquiler", aseguró Álvarez, quien también apuntó a que esta situación esta perpetuando la situación de pobreza que viven muchos trabajadores en España.

INTERVENIR EL MERCADO

Para Álvarez, el estado tiene que garantizar que los trabajadores posean una vida digna y esto, según su criterio, pasa por intervenir el mercado del alquiler. "Hay que intervenir, siempre que se respete a los pequeños propietarios que tienen un piso para complementar su pensión o como un ingreso extra", aseguró.

También pidió que el Estado "impulse y construya" un parque público de vivienda suficiente. "Tenemos el ejemplo de Austria, en cuya capital han conseguido reducir los precios del alquiler gracias a un ambicioso plan de construcción de vivienda pública", aseguró Álvarez, quien llamó a construir esta vivienda para que tener un hogar no sea un "lujo inalcanzable" para los jóvenes.

Por otra parte, desde UGT hicieron un llamamiento a todas las administraciones competentes en este asunto (corporaciones locales, gobierno de España y comunidades autónomas) para que sumen esfuerzos y resuelven este problema. Sobre estas últimas, Fernando Luján criticó que su legislación en materia de vivienda se edificó al albur de la crisis del ladrillo de principios del Siglo XXI y esta no posee "ni plazos concretos ni perspectiva social".