En primer lugar, el sindicato reivindicó la necesidad de que Estado y empresa suscriban un contrato que recoja de "manera clara los compromisos relacionados con la prestación de servicios" por parte de Renfe, así como "las aportaciones" del Gobierno.

Respecto a esta prestación de servicios, en el caso de los trenes regionales y de cercanías, UGT recordó los recursos de inconstitucionalidad que han presentado algunas comunidades autónomas a la Ley del Sector Ferroviario, lo que podría condicionar los planes de Renfe en este sentido.

Asimismo, se mostró escéptica con la política establecida respecto a la aplicación de cánones por el uso de infraestreucturas por considerar que no se han tenido en cuenta factores como las externalidades positivas del ferrocarril.

Además, señalan que la previsión sobre el transporte de mercancías y el mantenimiento integral de trenes "adolece de un planteamiento suficientemente claro con propuestas que pueden resultar poco acertadas y de difícil consecución", teniendo en cuenta la situación en España y Europa del sector ferroviario.

En cuanto al ERE, el sindicato exige que se plantee de "manera concreta" en las mesas de negociación y lo ponga "en relación con otras cuestiones esenciales", pues, a pesar de manifestarse a favor de "un rejuvenecimiento de la plantilla", no hay que olvidar la creación de empleo.

Renfe Operadora presentó este miércoles su Plan Estratégico 2005-2009, que persigue preparar a la compañía para competir cuando el sector se liberalice. Entre las medidas contempladas, figura una reducción de la plantilla en 1.000 trabajadores y una inversión de 5.500 millones de euros fundamentalmente orientada a la renovación de los trenes y la adaptación a las infraestructuras de nueva construcción que se definen en el PEIT.