En sendas ruedas de prnsa sobre el comienzo del curso escolar, la presidenta de CEAPA, Maite Pina, y el secretario general de Enseñanza de UGT, Jesús Ramón Copa, anunciaron que sus organizaciones presentarán recursos jurídicos contra la nueva asignatura alternativa a la Religión que ha aprobado el Gobierno, igual que ya ha hecho Comisiones Obreras ante el Tribunal Supremo.

Pina dijo que la religión debe estar "fuera de las aulas" financiadas con fondos públicos, porque es algo que pertenece al ámbito de lo privado y de lasfamilias.

Anunció que CEAPA iniciará en octubre una "campaña de sensibilización social" en la que quieren que participen organizaciones políticas y sociales favorables a la escuela laica.

UGT es partidaria de que la Religión salga de la escuela pública, pero que pueda continuar en la concertada, con el fin de llegar así a un amplio consenso social, explicó Copa.

El responsable sindical hizo un llamamiento a las fuerzas políticas de izquierdas para que se dejen de "hipocresías" y promuevan ladenuncia de los Acuerdos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede referidos a la enseñanza religiosa, sobre todo ahora que crecen otras creencias en España. "No queremos imanes en la escuela pública, pero tampoco obispos ni monjas ni curas", indicó.

Respecto al nuevo curso, afirmó que la ministra Pilar del Castillo se va a dedicar a hacer electoralismo hasta la disolución de las Cortes, y presentará planes "ridículos" como el de formación del profesorado que aprobó el último Consejo de Ministros, que s resume en que habrá 1.500 de las antiguas pesetas por docente para formación.

Como en la Religión, UGT también acudirá a los tribunales por los decretos que amplían la posibilidad de incrementar el calendario y el horario escolar. En su opinión, supondrán una "competencia desleal" de los centros concertados respecto a los públicos, que enmarcó en la "rendición" que está mostrando el Gobierno en materia de educación frente a los intereses de la Conferencia Episcopal.

Por lo que se refiere a CEAPA cree que este curso destaca en su arranque por la falta de plazas públicas, sobre todo en la etapa preescolar de 0 a 3 años, y por la persistencia del Gobierno en no aprobar la gratuidad de los libros de texto, pese a que es una medida muy extendida en Europa.

Respecto a la ampliación de horarios y calendario, Pina afirmó que los decretos suponen un "ataque frontal a la igualdad de oportunidades".