En un comunicado difundido hoy ambas centrales denuncian que el Gobierno no ha respetado el compromiso de definir en el seno del Consejo General del Inem, previo al proceso de transferencias, el nuevo modelo de servicio público de empleo, al tiempo que aseguran que ha incumplido también el compromiso alcanzado con los sindicatos de abordar esta reforma en una mesa de negociación.

Según UGT y CCOO, el grupo de trabajo constituido por acuerdo del Consejo General del Inem, que lleva trabajando varios meses en este asunto, "desconoce l día de hoy el contenido del acuerdo suscrito ayer entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña" en relación con el Inem.

UGT y CCOO, que creen que el Gobierno ha menospreciado el trabajo desarrollado por las organizaciones representadas en el Consejo General del Inem, aclaran que no se oponen a la transferencia de determinados aspectos de las políticas de empleo a las autonomías, pero "reclamamos que esta transferencia se efectúe de forma ordenada y dentro de un marco homogéneo para el conunto del Estado", indica la nota.

A su juicio, esto sólo es posible si previamente se define y negocia con los agentes sociales un modelo de servicio público de empleo para todo el territorio que preserve los derechos constitucionales de igualdad de trato, no discriminación y libre circulación de los trabajadores.

Para garantizar estos derechos, UGT y CCOO creen que hay aspectos que deben abordarse desde el ámbito estatal, como son la estructura funcional y territorial del sistema público de emplo y su coordinación con los servicios autonómicos, los criterios básicos de autoorganización de los servicios a nivel autonómico y los criterios básicos que deben ser aplicados a las entidades colaboradoras en la gestión de las políticas activas, formación, orientación e intermediación.

Además, también se debe definir a nivel estatal, a su juicio, el papel de las oficinas de empleo, su dependencia y funciones en un modelo de ventanilla única, los instrumentos de coordinación entre políticas activas y restaciones por desempleo, preservando la competencia estatal de estas últimas, y la participación de los agentes sociales.