Las portavoces del PSM e IU de la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez e Inés Sabanés dieron a conocer esta plataforma en la que se incluyen representantes del sector de comercio de UGT, CCOO, de la Confederación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Copyme), la Federación de Comerciantes y Empresarios del Sur (Fecoesur) y de la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (Ciae).

Estos colectivos exigen a la Comunidad de Madrid la "retirada inmediata" del citado proyecto y reivindican el "inicio del diálogo social" en esta materia que conduzca a la elaboración de un Libro Blanco del sector, que cuente con la participación de los agentes comerciales, que contenga "las necesidades reales de los usuarios, comerciantes y trabajadores del sector".

Menéndez criticó el proyecto del Gobierno porque, de aprobarse como está redactado, significará un "golpe mortal" para el pequeño y mediano comercio y aseguró que "nadie demanda mayores aperturas de horarios".

Explicó que las mujeres representan el 61% de las 300.000 personas que trabajan en el comercio madrileño y anunció que el PSM enmendará a la totalidad el proyecto del Gobierno regional en el pleno del próximo 22 de mayo.

Sabanés se felicitó por el hecho de "compartir" con estos colectivos el "rechazo" a la total liberalización de horarios comerciales y recordó que Madrid es la comunidad que más festivos abre: 22.

Asimismo, dijo que es "una barbaridad" que el PP "abuse de su mayoría absoluta" en la Asamblea de Madrid para "atentar" contra el pequeño comercio y "favorecer los intereses" de las grandes superficies.

En representación de CCOO, Teresa Uceda exigió la retirada del proyecto, porque, entre otras razones, es un "atentado contra la condiciones laborales" de los trabajadores del sector.

Francisco Arenas, de UGT, criticó la total liberalización de horarios comerciales porque provoca un "cambio en la vida" de los usuarios y empleados y es "una tomadura de pelo del PP, que no incluyó esta propuesta en su programa electoral".

Por su parte, Julio Vallejo, de Fecosur, dijo que si se aprueba ese proyecto se podrían perder unos 100.000 empleos y desaparecerían la mitad de los comercios.

Finalmente, Salvador Bellido, de Copyme, acusó al Gobierno regional de "favorecer" los intereses de las grandes superficies y dijo que el "primer aliado" de esta iniciativa de la Comunidad de Madrid es un compañero del partido de Aguirre, en referencias a Rafael Arias Salgado, presidente de Carrefour.