Según explicó a los periodistas Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, tras una reunión mantenida con la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, ambos sindicatos le han trasladado su preocupación por la siniestralidad laboral en la región, ya que si bien está disminuyendo, son ya 23 los trabajadores fallecidos en lo que va de año y 134 los que murieron en 2008.

Rufino indicó que el descenso de la accidentalidad laboral obedece principalmente a la crisis económica, que hace que haya menos actividad, pero aseguró que, en cualquier caso, la disminución es insignificante.

Ambos sindicatos también han expresado a la delegada su preocupación por el hecho de que las empresas estén dejando la prevención en un segundo plano, un asunto en el que Mestre se mostró bastante receptiva.

En concreto, UGT y CCOO han pedido a la representante del Gobierno central en Madrid el traslado de un protocolo nacional firmado en 2007 a la región para que la Policía Judicial pueda actuar en caso de accidente laboral grave mortal o de delito de riesgo.

"Lo que se pretende es que la Policía Judicial, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional, puedan actuar en estos accidentes, preservar las pruebas del delito y, sobre todo, que se agilicen los procesos judiciales, que les lleguen a los jueces las pruebas con bastante más rapidez que como están llegando hasta ahora", añadió Rufino.

Mestre explicó a los sindicatos que ya remitió este protocolo a la Comunidad de Madrid el pasado mes de enero y que está esperando una respuesta por su parte. Añadió que hoy mismo va a insistir sobre este tema al Ejecutivo autonómico para saber en qué situación se encuentra y expresó su interés en que los agentes sociales puedan participar en la traslación del protocolo a la región.

Por su parte, su homólogo en CCOO-Madrid, Carmelo Plaza, dijo que la siniestralidad laboral se produce cada vez en peores condiciones debido a la precariedad y a la absoluta indefensión en la que se encuentran los trabajadores.

"Los empresarios, en muchos casos, están abaratando las condiciones de trabajo, los costes salariales, y se producen accidentes de trabajadores que no tienen ni contrato laboral ni formación ni medios", puntualizó.

Por ello, subrayó que la firma de ese protocolo entre la Comunidad y el Gobierno central tendría un efecto disuasorio para que se entienda que las "prácticas de riesgo" que se vienen produciendo en determinadas empresas no pueden quedar impunes en la vía penal.