Esta es la subida que, según explicaron hoy en rueda de prensa los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Fernando Puig y Toni Ferrer, respectivamente, llevarán el próximo martes, día 26, a la consulta preceptiva que, como todos los años, realiza el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales antes de aprobar la subida el Consejo de Ministros, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores, y para la que todavía no hay fecha.

El incremento del SMI que piden los indicatos está muy por encima del que aprobará el Gobierno, que casi con toda seguridad será del 2%, coincidiendo con la previsión de inflación para el próximo año. De confirmarse esta subida del 2%, el SMI se situará el próximo año en alrededor de 72.100 pesetas al mes.

Para fijar una subida del 9%, los sindicatos han tenido en cuenta los criterios que marca el Estatuto de los Trabajadores, que son la previsión de inflación, la productividad del factor trabajo, la participación de las rentas del trabjo en la renta nacional y la coyuntura económica. También se tiene en cuenta la recuperación del poder adquisitivo perdido este año por la desviación del IPC.

En concreto, según los sindicatos, hay que recuperar 1,2 puntos de desviación de la inflación media de 2000 sobre la prevista, más 3,7 puntos de aumento por la previsón de IPC de 2001 (2%) y el incremento de la productividad, y más 3,8 puntos por la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional y la buena coyuntura económica, lo qe da un resultado total próximo al 9%.

Ferrer y Puig aseguraron que los perceptores del SMI han perdido en la última década 3,2 puntos de poder adquisitivo, mientras que el salario medio en España ha crecido 6,6 puntos en términos reales. Explicaron que a partir de 1994, coincidiendo con una etapa de coyuntura económica favorable, esta pérdida ha sido más patente y se ha situado en 3 puntos, mientras que el salario medio y las retribuciones de convenio han crecido 1,7 y 0,2 puntos, en cada caso.

CARA SOCIAL EUROPEA

Asimismo, denunciaron que el SMI español es uno de los más bajos de la Unión Europea (UE), ya que de los ocho países que tienen un salario mínimo por ley, España está sólo por delante de Grecia y Portugal. Puig y Ferrer exigieron que se cumpla la Carta Social Europea, que establece que el SMI nunca debe ser inferior al 60% del salario medio neto del país, mientras que en España sólo supone un 36%, el más bajo de la UE, y, además, ha ido perdiendo peso el SMI en los últimos años sobre l salario medio.

Los responsables sindicales, que acusaron al Gobierno de estar marginando a los perceptores del SMI de los beneficios de la buena marcha de la economía, destacaron que el Gobierno incumple sistemáticamente la revisión semestral del SMI que establece el Estatuto de los Trabajadores. Recordaron que en julio pidieron al Ejecutivo que cumpliera con esta obligación, petición que no fue atendida.

Exigieron al Gobierno una verdadera negociación sobre el SMI, y no una "mera comunicación e una decisión ya adoptrada", como ocurre todos los años; y defendieron el establecimiento en el decreto de actualización de este salario de una cláusula de revisión automática que, como mínimo, garantice el poder de compra del SMI, similar a la de los pensionistas, que introduciría, a juicio de Puig, "pacificación y tranquilidad"

Como en años anteriores, también reclamaron que el SMI se circunscriba exclusivamente al ámbito laboral, de manera que este salario deje de estar conectado con políticas preupuestarias.

Según sus cálculos, el SMI afecta directa o indirectamente a cerca de un millón de trabajadores, ya que, además de afectar a los trabajadores sin convenio y a los perceptores del subisidio de desempleo, se utiliza como referencia para los que reciben rentas del FOGASA, rentas mínimas de inserción y salarios sociales, y para la concesión de ayudas a la vivienda o becas, entre otros aspectos.

Ferrer dijo que subir el SMI un 9 por ciento supondría un coste de 20.000 millones de pesetas ara el Estado por el aumento del subsidio del desempleo. El responsable de UGT pidió al Gobierno que explique "por qué castiga a la parte más débil de la sociedad" y por qué "si sube 300 pesetas diarias el SMI, que es lo que supone un 9 por ciento, pone en pleigro la cuadratura del circulo de los Presupuestos Generales del Estado".

Puig pidió al Ejecutivo que el martes traslade a los sindicatos su disposición a negociar en el primer trimestre de 2001 la definición de un nuevo salario mínimo en este pas, que permita cambiar el concepto y valor del SMI acercándolo hasta las 100.000 pesetas mensuales, para cumplir lo que establece la Carta Social Europea.