La agenda de la negociación incluye cuestiones como la reforma de la ormativa de las elecciones sindicales, la financiación de los servicios prestados por las centrales y el tratamiento fiscal de estas organizaciones.

En el primer apartado, CCOO defiende algunas modificaciones radicales, como el control judicial del escrutinio con exclusión de la Administración y la patronal, que tendrían voz pero no voto en las comisiones electorales.

UGT es reacia a esta modificación, pero comparte con CCOO el criterio de que es conveniente suprimir el periodo acotado de tres mees para celebrar los comicios, a fin de acabar con los continuos enfrentamientos entre los sindicatos y su secuela de fraudes.

CCOO también considera que la reforma de la normativa electoral debe servir para ampliar la base de votantes, suprimiendo las limitaciones en razón de la antigüedad y la edad del trabajador, de manera que puedan ser electores y elegibles todos los mayores de 16 años.

ACUERDO DE PRECIOS

Por otra parte, ambos sindicatos están dispuestos a estudiar un pacto de precios en ls cuotas y servicios que prestan a sus afiliados y simpatizantes, para evitar que la competencia por la captación de militantes ponga en peligro las finanzas de las organizaciones.

UGT opina que "el crecimiento afiliativo de un sindicato sólo será posible si crece el conjunto del movimiento sindical", y CCOO estima que una competencia como la descrita "puede producir una bajada en la calidad de las prestaciones o la quiebra de las empresas que sustentan los servicios".

Los servicios en los que CCO cree que habría que unificar precios van desde la atención de los gabinetes jurídicos, empleados muy a menudo como vía de captación de nuevos afiliados, hasta los seguros y los precios de las viviendas construidas por su cooperativas.

Para CCOO, hay ejemplos, como la quiebra de las cooperativas de viviendas de los sindicatos alemanes, que invitan a adoptar un acuerdo de estas características, para que no se repita una situación parecida en la PSV de UGT o en Vitra, de Comisiones.

Otra cuestión ue los sindicatos se plantearán es la necesidad de urgir a la Administración para que establezca un calendario que acelere el ritmo de cesión de locales del patrimonio sindical acumulado que todavía están ocupados por organismos gubernamentales.

Las fuentes sindicales consultadas indicaron que "no tiene sentido que la Administración, con muchos más medios que nosotros, esté ubicada en los locales del Patrimonio sin costes, mientras que los sindicatos estamos pagando alquileres que son cada vez más cars".

CCOO estima que sólo un 40 por ciento de los inmuebles reconocidos como patrimonio sindical han sido entregados a los sindicatos y que el resto sigue ocupado por la Administración, amparándose en que la ley que lo regula no estableció plazos para el desalojo.

Finalmente, los sindicatos reclamarán también al Gobierno un tratamiento fiscal más favorable. Probablemente, pondrán como ejemplo a Cruz Roja, que disfruta, entre otras cosas, de exenciones y bonificaciones fiscales, el beneficio de jusicia gratuita, y franquicia postal y telegráfica.

Las centrales urgirán al Gobierno para que desarrolle en este sentido la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) promulgada en 1985, cuyo artículo quinto establece que "los sindicatos constituidos al amparo de esta ley podrán beneficiarse de las exenciones y bonificaciones fiscales que legalmente se establezcan".