Concretamente, UGT y CCOO piden medidas que lleven a un proceso de homologación de los trabajadores del sector de la discapacidad y la creación de una mesa tripartita, compuesta por entidades gestoras, administración y agentes sociales, "para entre todos poder negociar mejoras tanto en la calidad de atención (de las personas con discapacidad), como en las condiciones laborales", explicaron en un comunicado.

Además de concentrarse delante de la consejería el pasado 3 de diciembre, el día 21 del mismo mes entregaron, según dicen, más de 3.000 firmas solicitando a la consejera de Familia, María Gádor Ongil, la apertura de negociaciones con las organizaciones sindicales.

Los sindicatos defienden que "es necesario dar respuesta a la precariedad laboral de los trabajadores de los centros de atención a las personas con discapacidad gestionados con dinero público, sin ningún control por parte de la administración".

A su juicio, esta situación está generando movilidad laboral y suponiendo para los usuarios "un grave perjuicio", debido al continuo cambio de profesionales que les atienden.