Además, el sindicato pidió al Ejecutivo madrileño que el Servicio Regional de Empleo participe de forma más efectiva en la ordenación del mercado de trabajo.

A su juicio, si en el acuerdo entre la CAM y el Grupo Sigla "hubiese habido transparencia y participación de los representantes de los trabajadores, el acuerdo habría atendido, sobre todo, a la discriminación principal, la más urgente, que es la de ser mujer maltratada, después habría considerado las necesidades individuales de integración laboral y social de cada trabajador".

"Nunca se habría utilizado el origen geográfico, étnico, cultural o religioso de una persona como determinante para su entrada y permanencia en el mercado de trabajo", concluyó UGT.