Durante la reunión trimestral del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), los representantes de UGT denunciaron que desde hace un año la Administración no está facilitando esos datos.

Según indica UGT, un avance de un estudio de la Tesorería de la Seguidad Social realizado en septiembre de 2002 señalaba que el 88,26% de las nuevas contrataciones eran precarias y que sólo el 8,7% de los empleados tenía contrato indefinido a jornada completa.

UGT ha elevado hoy "su más enérgica" protesta por la negativa de la Administración a dar información trascendental sobre la afiliación a la Seguridad Social. Hace un año, el sindicato solicitó información detallada sobre las bases de cotización y modalidad de contrato de los nuevos afiliados, que no le ha sido fcilitada.

A juicio de los ugetistas, aunque los récord de afiliación que se alcanzan son importantes, ese hecho es "irrelevante" si no se acompaña de datos significativos sobre la calidad de los nuevos empleos.

El propio informe de la Tesorería señala, según UGT, que en ciertos sectores productivos de importancia estratégica podría llegar un momento en que el contrato indefinido a jornada completa se califique en "peligro de extinción".

También de aquel avance se concluía que las bases de coización de las nuevas contrataciones eran un 37,43% inferiores al total de cotizantes y las bases de las mujeres eran, de media, un 13,35% inferiores a las de los varones en las nuevas contrataciones.

Estos datos, entre otros, son de especial importancia, en opinión del sindicato, para analizar las repercusiones que la "creciente precarización" del mercado del trabajo pueda tener, también, en el sistema de la Seguridad Social.

"Pasados ya 9 meses desde aquel avance, la Administración, mes a mes, iene negando a UGT tanto el estudio definitivo de aquella muestra como el análisis de esos datos por comunidades autónomas", denuncia UGT.

UGT denuncia la ocultación de información relevante por parte de la Seguridad, lo que, además de restringir la participación social legalmente establecida, se vuelve en contra del propio interés de la Seguridad Social, según la central que lidera Cándido Méndez.