La central advierte también que el tipo de turista tampoco representa un problema excesivamente grave, al haber dejado en España hasta junio unos ingresos 932.200 millones de pestas más elevados que los del mismo periodo del año pasado.

Para los expertos ugetistas, "es la política empresarial la que pone en peligro el futuro global de la industria, las condiciones de trabajo y el derecho de los usuarios a un turismo de calidad".

Según el sindicato, los principales problemas del turismo español tienen su origen en la gestión realizada en las empresas durante los últimos diez años, caracterizada por la obsesión en un negocio de masas y escasa calidad.

Este criterio, aaden, ha motivado la sobredimensión y obsolescencia de la oferta en buena parte de las zonas turísticas del país, una floreciente industria ilegal que alcanza ya los 8 millones de plazas (apartamentos, pensiones, etc.), una excesiva dependencia de los grandes "touroperadores" (casi el 60 por cien del negocio) y un mal servicio caracterizado por la temporalidad del empleo y las escasas inversiones en formación del personal.

Junto a estos aspectos, UGT critica la política de precios desmesurados que hanaplicado los empresarios turísticos, cegados por las buenas pespectivas de ocupación, la escasa imaginación para hacer ofertas variadas (más del 80 por cien del negocio es turismo de sol y playa) y la ausencia de una política de promoción y comercialización en el exterior.

Según la central, todos estos problemas revelan que la crisis del sector, reconocida por empresarios, Administración y sindicatos, exige reformas estructurales urgentes y medidas coyunturales que no sólo mejoren los resultados de la empresas en un momento bajo de negocio.

Las salidas a la crisis, según los ugetistas, están en el desarrollo del Plan Marco de Competitividad del Turismo que hizo el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales, y en la elaboración de pactos autonómicos para el sector que recojan las necesidades concretas de cada zona.

Además, opinan que el Gobierno debe sentar en una mesa de negociación a empresarios y sindicatos, para elaborar un Plan de Formación que regenereel servicio de los trabajadores y la gestión de los responsables de empresas, y desarrollar un marco de relaciones laborales que reduzca la precariedad y aumente la competitividad de las empresas.