En un comunicado difundido hoy, UGT señala que una de las muestras de que la política contra el fraude fiscal no existe es el proyecto del IRPF del Gobierno, que, a su juicio, contiene "altas dosis de regresividad" y perjudica a las rentas más bajas, sobre todo a los asalariados.

La central que lidera Cándido Méndez está convencida de que con esta refoma fiscal se mantendrá el elevado nivel de fraude existente. En su opinión, la rebaja de los tipos marginales máximos supone confiar "ingenuamente" en que se producirá una regulación voluntaria de los defraudadores.

UGT cree que esto no va a ser así, por lo que insiste en que hay que intensificar la actividad inspectora "para castigar en mayor medida a los que más defraudan". También reclama un perfecccionamiento del marco legal que incluya un incremento de las sanciones a los defraudadores y una mayo coordinación entre la labor inspectora y la judicial.

Además, UGT opina que la Administración tributaria debe ejercer una labor ejemplarizante, aumentando la inspección en los sectores y contribuyentes que más dinero ocultan, como el inmobiliario y financiero y las actividades profesionales y pequeñas empresas en régimen de estimación indirecta de rentas del IRPF.

Según UGT, el sector inmobiliario es "un tradicional destino de dinero negro que sigue sin controlarse", mientras que el financiero "eviste especial preocupación, ya que la denominada 'ingeniería financiera' está generando nuevas formas para evadir el pago de tributos, a través de productos 'opacos' que manejan grandes cantidades de dinero".