Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende facilitar la cooperación internacional entre las autoridades judiciales y policiales de los países miembros,y al mismo tiempo extiende esta lucha a actividades y profesiones no financieras.

Entre las profesiones no controladas hasta ahora que se incluirán en la nueva directiva están los agentes inmobiliarios, notarios, abogados, propietarios de casinos, corredores de joyas y otros profesionales jurídicos que efectúen operaciones económicas. Con la nueva norma, deberán identificar a sus clientes, conservar documentos y denunciar transacciones sospechosas.

La directiva sólo permite una excepción para el aso de los abogados. Debido a su estatuto particular y a su deber de confidencialidad, no se les podrá obligar a declarar en situaciones que comporten la defensa de clientes en un procedimiento judicial.

Además, se deberá permitir a los juristas que comuniquen sus sospechas de blanqueo de capitales a los órganos profesionales a los que pertenezcan, en vez de hacerlo ante las autoridades competentes habituales.

Por otra parte, las modificaciones propuestas por la Comisión también incluyen la luchacontra el blanqueo de otras actividades que no estén relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Esta ampliación responde al crecimiento en Europa del crimen organizado que no tiene su base en la droga.