La propuesta se relaciona con el llamado "segundo pilar" de la Convención Aarhus, sobre la participación pública en decisiones medioambientales. Además, la nueva directiva modificará las ya existentes, relativas al asesoramiento del impacto medioambiental y control y prevención de la contaminación. Se incluye por primera vez un procedimiento de participación pública en los contenidos de esas directivas anteriores.

La UE ha desarrollado esta legislación a partir de la premisa de que si el públicoconoce los problemas ecológicos y se implica en las decisiones, éstas serán posiblemente de mejor calidad, al haberse ampliado la información relevante y tomado en cuenta más amplios intereses.

La propuesta aprobada especifica el tipo de información que se suministrará al público. No obstante, se han previsto plazos de tiempo razonables para acostumbrar al ciudadano a una participación efectiva.

Los Estados miembros deberán a su vez asegurarse de que el público tiene la posibilidad de recurrir ane tribunales de justicia o cualquier otra entidad similar. Para ello, deberán aplicar la directiva a sus respectivos sistemas jurídicos, de forma que la sociedad pueda denunciar, si así lo desea, la presunta ilegalidad de decisiones, actas y omisiones que sean materias de acceso público.