El nuevo Pacto de Toledo, aprobado al final del año pasado, recomienda profundizar en la cobertura de nuevas necesidades sociales coo la dependencia, la discapacidad, la inmigración, la protección social de la mujer y las nuevas formas de trabajo, como el tiempo parcial. Además, recomienda seguir ampliando el periodo de cálculo de la pensión, que ya ha pasado de 8 a 15 años en los últimos ocho años.

Pues bien, la UE considera que, España aparece "relativamente bien situada para afrontar los costes presupuestarios del envejecimiento de la población" pero, para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, todava no se han puesto en práctica medidas para la reforma de las pensiones, a pesar de algunos usos aplicados recientemente.

Por ello, considera que las políticas actuales "necesitan ser suplementadas por medidas que prevengan la aparición de tendencias insostenibles, y, en particular, por una reforma general del sistema de pensiones en línea con las recomendaciones del acuerdo multipartito del Pacto de Toledo".

REALISTA

Este es el único riesgo que la UE ve a la política presupuestaria española enlos próximos cuatro años, constatando la capacidad de la economía de nuestro país para cumplir los objetivos marcados por los Quince.

Para la UE, los objetivos marcados por el Gobierno español "parecen realistas" sobre la base del escenario macroeconómico sobre el que se apoyan. Así, se confía en un crecimiento del PIB del 3% a partir de 2003, con una tasa de creación de empleo del 2% también esos años. En el capítulo de la inflación, considera que se mantendrá en el 2,4%.

Respecto al superávit d las cuentas públicas, la UE considera que las cuentas españolas siguen la línea de estabilidad de años anteriores con "riesgos que pueden considerarse equilibrados" a la hora de cumplir este objetivo. De hecho, reconocen que las previsiones del Gobierno son "prudentes" y ofrecen márgenes de maniobra para una supuesta evolución de la economía menos positiva que la prevista.

Tras conocer la decisión, el ministro español de Economía, Rodrigo Rato, destacó que la UE reconoce con esta aprobación "las garatías de sostenibilidad de las finanzas públicas y las pensiones aplicadas en España".