Los siete acuerdos existentes entre la UE y Suiza tienen un alcance muy limitado, especialmente por la restrictiva interpretación que les dan las autoridades suizas. El principal problema es que se dificulta la aplicación de los convenios precisamente en los casos de fraude en los que están en juego grandes sumas.

Estas carencias fueron ya advertidas por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 1997. En su informe, solicitaba que se le diera a la Comisión Eropea el poder de negociar un acuerdo de cooperación más profundo en materia de fraude y delitos de aduanas.

Al poco tiempo, la Comisión y el Gobierno suizo convinieron en mejorar su cooperación contra el crimen organizado que afectara a los intereses financieros de la UE y de Suiza. Después de varias charlas preparatorias y recomendaciones, el Ejecutivo comunitario y las autoridades suizas acordaron preparar las negociaciones de un futuro convenio sobre colaboración contra el fraude y los delitos aduneros.