Ello será posible después de que el Consejo de la UE, formado por los gobiernos de los 27 países pertenecientes a la Europa comunitaria, adoptara este viernes formalmente la Directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa, último paso antes de que el texto se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea y entre en vigor 20 días después.

Los países de la UE tendrán dos años para implementar las normas y procedimientos administrativos.

El objetivo principal es reducir el impacto negativo de las grandes compañías sobre los derechos humanos y el medio ambiente, como el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la deforestación, el consumo excesivo de agua o el daño a los ecosistemas.

“UN LUGAR MEJOR”

La directiva introduce obligaciones para las grandes empresas en relación con los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos y la protección del medio ambiente, y establece las responsabilidades vinculadas a estas obligaciones.

Las normas se refieren no solo a las operaciones de las empresas, sino también a las actividades de sus filiales y a las de sus socios comerciales a lo largo de la cadena de actividades empresariales.

"Las grandes empresas deben asumir sus responsabilidades en la transición hacia una economía más verde y más justicia social. La directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa nos dará la posibilidad de sancionar a aquellos actores que violen sus obligaciones. Es un paso concreto y significativo hacia un lugar mejor donde vivir para todos", según Pierre-Yves Dermagne, ministro de Economía y Empleo de Bélgica, país que ostenta la Presidencia de la UE en el primer semestre de 2024.

La norma verá la luz más de una década después de que el 24 de abril de 2013 colapsara la fábrica de ropa Rana Plaza en Daca (capital de Bangladesh), lo cual causó la muerte de 1.134 personas y otras 2.437 resultaron heridas.

EMPRESAS AFECTADAS

La directiva afectará a empresas de más de 1.000 empleados con un volumen de negocios de más de 450 millones de euros y sus actividades abarquen desde la producción de bienes o la prestación de servicios hasta la distribución, el transporte o el almacenamiento de productos.

Las compañías afectadas tendrán que adoptar e implementar un sistema basado en riesgos para analizar, prevenir o remediar los derechos humanos o los daños ambientales identificados por la directiva.

La norma exige que las empresas garanticen el respeto de los derechos humanos y las obligaciones medioambientales a lo largo de su cadena de actividades. De identificarse una violación de estas obligaciones, deberán tomar las medidas adecuadas para prevenir, mitigar, poner fin o minimizar los impactos adversos que surjan para sus propias operaciones, las de sus filiales y las de sus socios comerciales en su cadena. de actividades.

Las empresas pueden ser consideradas responsables de los daños causados ​​y deberán proporcionar una indemnización que podría alcanzar hasta un 5% de la facturación mundial neta.

Además, tendrán que adoptar y poner en práctica un plan de transición climática en consonancia con el acuerdo de París sobre el cambio climático.

Las obligaciones se aplicarán gradualmente: tres años desde la entrada en vigor de la directiva para compañías con más de 5.000 empleados y al menos 1.500 millones de euros de facturación, cuatro años para las de más de 3.000 trabajadores y 900 millones de euros de facturación, y cinco años para las de más de 1.000 empleados y 450 millones de euros facturados.

“NO HACER DAÑO”

Tras la adopción de la directiva, Uku Lilleväli, oficial de Políticas de Finanzas Sostenibles en la Oficina de Política Europea de WWF, indicó que “las empresas ya no pueden omitir los daños a la sostenibilidad a los que contribuyen con su actividad, y las comunidades afectadas finalmente obtendrán protecciones cruciales".

"El reto ahora es garantizar que la ley se traduzca en mejoras tangibles para los más vulnerables. Implantar el principio de ‘no hacer daño’ en la cultura empresarial exige que las empresas lo consideren una responsabilidad fundamental, no un mero ejercicio de marcar casillas, y que los afectados conozcan y puedan ejercer sus derechos”, añadió.

WWF indicó que, pese a su importancia, la norma tiene “considerables deficiencias”, como permitir que las instituciones financieras ignoren las cuestiones de sostenibilidad, el reducido alcance de las cuestiones medioambientales que deben abordar las empresas y que la directiva se aplica solo a compañías muy grandes.

Por su parte, Amnistía Internacional subrayó que la nueva norma supone “uno de los avances más importantes de los últimos años en materia de legislación internacional sobre empresas y derechos humanos”.

“Este logro inmenso debería transmitir a todas las empresas el mensaje de que deben respetar los derechos humanos”, afirmó Hannah Storey, asesora de política sobre empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional.

Storey recalcó que esta legislación supone “un cambio radical en la protección de las personas frente a los abusos”. “Si se aplica con firmeza, supondrá un avance, por ejemplo, en la prevención del trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como en la prevención de los abusos contra los trabajadores que fabrican productos para su venta en la UE”, concluyó.