En virtud de dicha normativa, los estados miembros debían identificar las zonas sensibles de ser contaminadas por aguas residuales urbanas antes de 1993 y aplicar las normas sobre vertidos antes del 31 de diciembre de 1998.

Según la CE, España ha presentado una lista incompleta, tanto de las zonas del interior como de las costeras y, al no responder al segundo aviso de las autoridades europeas para solucionar este problema, se ha decidido recurrir al tribunal comunitario.

Además, la Comisión ha enviado un segundo aviso por el mismo incumplimiento a Francia, Alemania y el Reino Unido y ha encontrado algunas irregularidades en Irlanda del Norte. Si no solucionan las deficiencias, también serán denunciadas ante el Tribuna de Justicia Europeo.