La nueva normativa, que entrará en vigor antes de que finalice este año, exige a los países que aclaren la disposición que hacen de los fondos públicos destinados a estas sociedades, además de informar puntualmente de los ingresos derivados de sus diversas actividades.

Por su parte, las empresas públicas deberán hacer públicas todas sus actividades financieras, aclarando los costes o ingresos derivados de sus diferentes actvidades, además de informar sobre los métodos para decidir sobre sus actuaciones.

Esta normativa no afectará a los bancos centrales de los países de la UE, a las entidades públicas de crédito y también a las empresas públicas cuyo volumen de negocios neto no alcance los 40 millones en el ejercicio anual.