Según la Comisión, la licitación inicial se refería a unas obras, mientras que en la atribución de la concesión se concedieron trabajos adicionales, sin que otras empresas ajenas a las primeras adjudicatarias tuvieran opción de realizar esa segunda tarea.

La adjudicación incluyó adicionalmente a la concesión "la construcción de un carril reversible, una zona de peaje y otros carriles adicionales", lo que, a juicio de la Comisión "vulnera los principios d transparencia e igualdad".

La Comisión considera que las claúsulas añadidas a una concesión "no pueden por sí mismas una modificación del objeto de la concesión", como ha ocurrido en este caso.

El expediente abierto a España reviste la forma de dictamen motivado, que el Gobierno tiene que resolver en dos meses. En caso contrario, la Comisión podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo.