La actual directiva prevé que los Estados miembros lleven a cabo la identificación de las zonas más vulnerables -en un plazo de 2 años desde la notificación- y comuniquen su lista a la Comisón en un plazo de 6 meses. La directiva fija otros dos años para que las autoridades nacionales pongan en funcionamiento códigos de buena práctica agrícola.

España se retrasó y, al no designar estas zonas más sensibles ni poner en marcha los citados códigos, el Ejecutivo europeo le envió un dictamen motivado. Después, el caso pasó al Tribunal de Justicia al no recibir respuesta por parte de España.

El tribunal enumera seis códigos de buena práctica agrícola que sí han sido puestos en marcha, en oras tantas comunidades autónomas: Madrid, Navarra, Andalucía, Murcia, Valencia y Cantabria. Sin embargo, el resto de comunidades sigue sin estos códigos.