En el caso de España, la Comisión considera que no se garantizó la aplicación correcta de las normas de contratación de servicios sanitarios. Según la UE, el Instituto Nacional de Salud impuso condiciones "discriminatorias" a los licitadores de contratos para proporcionar a los pacientes terapia respiratoria a domicilio.

Por ejemplo, se obligaba a los licitadores a disponer de oficinas ya abiertas en las regiones en que debían prestarse estos servicios. Al evaluar lasofertas, las autoridades tomaron en consideración la existencia de oficinas suplementarias en dichas regiones, la titularidad de otras actividades existentes en España y la prestación anterior del servicio objeto del contrato.

La Comisión considera que estas condiciones constituyen una "discriminación contra los proveedores no españoles y restringen la libertad de prestación de servicios y la libertad de las empresas de establecerse en la zona de la Unión Europea de su elección".

La Comisión ha rcurrido al Tribunal de Justicia para denunciar a Francia por su legislación relativa a la contratación pública en materia de grandes proyectos de construcción; a Portugal, por la aplicación incorrecta de la Directiva sobre los procedimientos de recurso de los licitadores que consideran que no han sido tratados equitativamente en las convocatorias de contrato y a Alemania, por dos casos en los que se adjudicaron contratos de gestión de residuos sin licitación comunitaria.

Asimismo, la Comisión ha enviao solicitudes oficiales a Irlanda, Italia y Finlandia para que modifiquen sus prácticas, por haber adjudicado contratos públicos incumpliendo lo dispuesto en el Tratado de la UE y en las Directivas sobre contratación pública.