El origen de las negociaciones se remonta a la convención sobre diversidad biológica de Yakarta en 1995, cuando los países en vías de desarrollo pidieron un marco para los movimientos internacionales de los productos genéticamente modificados.

Durante esta semana, la Comisión Europea defenderá la elaboración de un protocolo realista, que equilibre la protección medioambiental con las actividades comerciales, es decir, que responda a la precupación pública sobre las consecuencias de la biotecnología sobre la biodiversidad. Este objetivo se enfrenta a dos posiciones contrarias, la de los países exportadores de estos productos y la de algunas naciones en vías de desarrollo.

Los primeros piden excluir del protocolo a los artículos agrícolas, el 99% del total. Los segundos desean que tanto exportadores como importadores sean liberados de toda carga.

La comisaria de Medio Ambiente de la Unión, Ritt Bjerregaard, ha manifestado que el acurdo debe contribuir a reducir los riesgos para el medio ambiente, asegurando "un reparto justo de las responsabilidades y una buena cooperación entre los exportadores, los importadores y las autoridades competentes en los países exportadores e importadores".