Se trata de una norma destinada a reducir los retrasos en los pagos y su principal novedad es que por primera vez el sector público estará también sujeto a ella.

La nueva legislación está limitada a operaciones entre empresas, públicas o privadas, así como a sus contratistas y subcontratistas, pero no regula los pagos de los consumidores ni tampoco los efectuados con cheques, letras de cambio o indemnizaciones por daños.

Entre las obligaciones que impone destaca la imposición de un tipo de inteés de demora a partir de los 30 días después de que se haya recibido la factura, siempre en los casos en que no se haya fijado un plazo de pago. El interés será equivalente al tipo aplicado por el Banco Central Europeo y su plazo podrá ser ampliado de 30 a 60 días en algunos tipos de contrato.

Además, las deudas sometidas a procedimientos de insolvencia incoados contra el deudor, los contratos celebrados antes del 8 de agosto de 2002 y las reclamaciones de intereses de menos de cinco años no estarán smetidas a la nueva norma.

El principal promotor de la directiva ha sido el Parlamento Europeo, que ya en 1995 solicitó a la Comisión que realizara propuestas para solucionar el problema de la morosidad, que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Poco tiempo después la Eurocámara solicitaba además que la disposición tuviera rango de directiva.

La Comisión escuchó las recomendaciones del Parlamento y presentó un texto que fue aprobado siguiendo el proceso de codecisión el pasado 1 de junio y que ahora ha sido publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El Ejecutivo europeo ha anunciado que realizará una evaluación del funcionamiento de la directiva dentro de dos años y sus resultados se comunicarán al Parlamento y al Consejo.