Así lo anunció la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, en una rueda de prensa después de presidir de forma telemática la reunión extraordinaria de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).

Calviño destacó que este acuerdo “pone el broche de oro” a la Presidencia española del Consejo de la UE, que se ha extendido durante este segundo semestre del año, y es “un gran acuerdo que llega en el momento adecuado”.

La vicepresidenta señaló que las nuevas reglas fiscales tienen un régimen transitorio hasta 2027 que “suaviza el impacto de la rápida subida de tipos de interés” y se adecúan a la situación específica de cada país. “Los 27 Estados han respaldado la propuesta española que define unas reglas fiscales adecuadas”, que sean “más claras, más realistas”, según destacó Calviño.

Sobre la base de la propuesta del Ejecutivo comunitario, se han introducido a lo largo de la negociación cuatro tipos de salvaguardas para garantizar la reducción sostenida de la deuda, el impacto contracíclico, un sistema de control y supervisión de estas reglas fiscales y que al mismo tiempo se preserven las inversiones en el ámbito verde, digital, social y de defensa.

Los países tendrán que presentar sus propios planes fiscales de cuatro años, con la posibilidad de ampliar el periodo de ajuste fiscal a siete años para permitir la ejecución de las inversiones y reformas estratégicas.

Las salvaguardas incorporan umbrales de referencia para todos los países con el fin de garantizar una reducción efectiva media anual de un punto porcentual de la ratio de deuda para países en los que se supere el 90% y 0,5% para los que estén entre 60% y 90%.

También se establece un margen fiscal de déficit estructural del 1,5% del PIB por debajo del 3% en el brazo preventivo y una velocidad de ajuste del déficit estructural primario para estos países del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25% en caso de extensión de cuatro a siete años.

Para facilitar la transición al nuevo marco, se establece un tratamiento especial de las reformas e inversiones de los planes de recuperación asociados a los fondos europeos, así como de la cofinanciación nacional de otros fondos europeos. Se centra en un único indicador para todo el periodo de ajuste, que será la senda de gasto para cada país, recogiéndose en una “cuenta de control” las posibles desviaciones acumuladas.

Una vez alcanzado el acuerdo político, se espera que en breve comiencen los debates sobre el texto acordado en la fase de negociación interinstitucional, conocida comúnmente como trílogos, en las que participan tres instituciones de la Unión Europea –Consejo de la UE, Parlamento Europeo y Comisión Europea-.

Tras el consenso alcanzado hoy proseguirán los trabajos técnicos para completar el texto jurídico de conformidad con el acuerdo provisional. Una vez finalizado, el texto se presentará a Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros (Coreper) para su aprobación. El acuerdo revisado deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor en 2024, con efectos a partir de la planificación presupuestaria de 2025.

Esta reforma era una de las prioridades de la presidencia española y tras más de 40 reuniones técnicas y contactos entre los países se ha logrado el acuerdo a punto de que finalice la presidencia española.