La propuesta solicita que el Ejecutivo comunitario pueda, or iniciativa propia, suspender, o someter a ciertas condiciones, la comercialización y exportación de alimentos para animales susceptibles de provocar riesgos graves. En definitiva, estará en condiciones de tomar medidas inmediatas en caso de una amenaza contra la salud pública, la animal o el medio ambiente.

El sistema de alerta rápida implicará que productores, importadores y operadores comerciales deberán informar a las autoridades en cuanto sepan de una irregularidad en un lote de productos destiados a la alimentación animal.

Los Estados miembros también deberán dotarse de planes de intervención para hacer frente a las crisis alimentarias, e informar a la Comisión de cualquier posible problema en este área.

La propuesta, que se inspira en las normas que ya se aplican a los productos alimenticios de origen animal, tomará la forma de la modificación de dos directivas del Consejo en vigor, y será sometida al proceso de codecisión entre Consejo y Parlamento Europeo.