Gil mostró su satisfacción por el hecho de que "la Comisión Europea haya admitido a trámite la queja que le plantea el Gobierno regional, en la que no sólo se denuncian prácticas irregulares en el trasvase, sino que además, se aportan documentos que prueban el incumplimiento de hasta 7 directivas de la normativa comunitaria por parte del organismo responsable de la cuenca del egura".

Entre ellos, el titular de Obras Públicas destacó que se incorporan "sentencias judiciales que anulan trasvases autorizados sobre aguas no excendentarias, informes técnicos sobre mediciones del caudal del Tajo y estudios de organismos ajenos a Obras Públicas sobre la calidad del agua del río.

A su juicio, "la nefasta gestión que está llevando a cabo el Estado en el trasvase está causando graves daños, tales como el no respeto a los caudales ecológicos del río Tajo a su paso por Aranjuez, ntes de su confluencia con el río Jarama; la alteración en la calidad de las aguas del Tajo; afecciones a los ecosistemas, flora y fauna de la cuenca del Tajo y el crecimiento insostenible de regadíos en las provincias de la cuenca del Segura, fundamentalmente en las provincias de Alicante y Murcia.

ECOLOGISTA

El consejero comentó que el Gobierno de Castilla-La Mancha no es el único que ha denunciado esta situación, aludiendo a un informe presentado recientemente por la organización Ecologistas en Ación, en la que se aportan 25 razones para reconsiderar el trasvase Tajo-Segura.

Así, la organización ecologista considera que se ha constatado un fracaso en la gestión del agua en España, y más concretamente en esta infraestructura, por motivos tales como que el trasvase ha favorecido el crecimiento de la demanda de aguas para regadíos y para abastecimiento en el Levante; afecta muy negativamente al sistema hídrico del río Tajo, agravando los problemas de contaminación en el río, y carece de un sistea de control adecuado del destino y del uso del agua trasvasada, entre otras cosas.