Esta organización de estudiantes acusa al Consejo Escolar del Estado de amparar el fraude documental al admitir a certificados no oficiales, de actuar de forma ilegal (contra los criterios del abogado del Estado) y de una actitud injusta y desleal (cambiando los criterios de documentación exigible una vez finalizado el plazo de entrega que se dio a las organizaciones de estudiantes).

La UDE recuerda que la sustitución, fuera de plazo, de los criterios de la renovación fijados por el abogado del Estado, ha supuesto un vuelco en la representatividad de los alumnos, pasando esta organización de la mayoría de consejeros a una presencia residual de un solo consejero.