Esta organización, que representa a más de 100.000 estudiantes de Educación Secundaria y Universidades de todas las comunidades autónomas de España, acusó en un comunicado al Partido Socialista de "tratar de igualar a la baja sus conocimientos e impedir cualquier forma de evaluación".

Además, exigió al Ejecutivo que retire este proyecto y presente una reforma que garantice la libre elección de centro, permita distintas modalidades de estudio dentro de la obligatoriedad de la enseñanza, homologue los títulos que expide el Ministerio y garantice la disciplina en los centros de enseñanza.

"La LOE deja sin efecto las medidas de mejora de la calidad de la educación que ya estaban en la ley pero que no habían sido aplicadas, como los itinerarios en la ESO, los programas de Iniciación Profesional, o la Prueba General del Bachillerato. Todo esto desaparece", concluyó.