Se trata de Udalbiltzaren Elkartea, Udalbiltza Partzuergoa (Consorcio Udalbiltza) y Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa (Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo), cuyas actividades se encuentran suspendidas por un periodo de dos años, prorrogables en su caso hasta cinco.

Garzón señala que los razonamientos que se utilizan en el auto confirmado son "neta y estrictamente jurídicos" y añade que el argumento utilizado por las deensas, relativo a que la Udalbiltza es una entidad de derecho público, "cae por su propio peso", con el Código Penal en la mano.

Garzón califica de "claramente inconsecuente y, por tanto, rechazable en derecho" la tesis esgrimida por la defensa, según la cual por "por la diferencia de nombres o la identificación acomodativa que haga la organización terrorista van a quedar excluidas ciertas estructuras de la misma".

En el auto confirmado hoy, Garzón afirma que se procede contra las citadas sociedaes "porque integran o dependen de una estructura ilícita incluida en el complejo terrorista urdido y dirigido por ETA; y porque sus responsables, conscientes de esa dependencia y participando activamente en la dinámica delictiva, desarrollan la actividad de las entidades al servicio de los fines de la organización terrorista".

Para Garzón, las citadas entidades forman parte de Udalbiltza-Kursaal, que a su vez se integra en el entramado terrorista dirigido por ETA-EKIN.

Además, sostiene que "el heho de que las entidades afectadas adopten determinada forma jurídica, tales como sociedades, fundaciones o asociaciones, no pude suponer la impunidad y la falta de responsabilidad en el ámbito penal".

LA RAZON DE LA SUSPENSION

Para el magistrado, la suspensión cautelar de las actividades confirmada hoy se justifica por la gravedad de los hechos que se investigan y porque "ETA sigue activa y atacando bienes esenciales como la vida, la seguridad, la libertad o el patrimonio de las personas e institucines públicas o privadas con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública".

Fue el pasado 30 de abril cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional declaró fuera de la ley la Udalbilza de Batasuna, por considerar que está integrada en "el mismo armazón que el complejo terrorista dirigido por ETA-EKIN".

En un auto fechado ese día, el juez ya apuntó que, según los datos de que disponía, la Udalbiltza de Batasuna fue creada para "urlar las resoluciones judiciales y presentar candidaturas electorales locales pretendidamente independientes que aseguren su presencia y control del ámbito municipal, y que, a su vez, sirva de base, tanto económica como política, a la plataforma Udalbiltza-Kursaal y constituya el embrión del futuro partido político sustitutivo de Herri Batasuna-EH-Batasuna-Socialista Abertzaleak".

La operación desarrollada contra la Udalbiltza se produjo a raiz de una documentación requisada en su día a Ibon Fernánde Iradi, alias "Susper", cuando fue detenido en diciembre de 2002 cerca de Bayona.