Según explicó el letrado, esta comparecencia, de ser localizado el ex máximo responsable de la Benemérita, tendría la finaidad de que éste explicase si urdió un plan junto al juez Baltasar Garzón con el fin de desmantelar la Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga (Ucifa), tal como denunció en mayo del pasado año ante la "Comisión Roldán" el comandante de la Guardia Civil Serafín Gómez.

A esta comisión perteneció Ventura Pérez Mariño, que el lunes se reincorporará a su plaza en la sección tercera de la Sala de lo Penal, por lo que los abogados de las defensas de los implicados anunciaron que le recusarán en el cso de que sea designado para juzgar el 'caso Ucifa'.

Fuentes jurídicas precisaron que la recusación de Pérez Mariño estará basada en su interés directo en la causa, derivado de su conocimiento de este asunto a través de la comisión parlamentaria y por razones políticas que hacen aconsejable su separación del juicio.

En la "comisión Roldán", Gómez aseguró que el fugado y Garzón urdieron una operación de imagen cuyo objetivo era desmantelar la Ucifa sin causa justificada y añadió que el prófugo proetió al juez la Dirección General de la Guardia Civil si era nombrado ministro de Interior a cambio de forzar la desarticulación de la unidad con pruebas carentes de fundamento.

Además, el comandante exculpó con sus declaraciones a los miembros de la Ucifa de cualquier irregularidad de carácter grave y señaló que el responsable del Cesid, Emilio Alonso Manglano, conocía la existencia de este complot, pero no hizo nada para denunciarlo.

Estas acusaciones fueron calificadas por Garzón como "absurda", mientras que Roldán había afirmado en abril poco antes de su fuga que se consideraba víctima de un plan trazado por varios ex miembros de la Ucifa que habían sido encarcelados por el juez.

La petición de declaración de Roldán figura en el escrito de conclusiones elevado hoy por el letrado a la sala, en el que el abogado rechaza las acusaciones contra su defendido formuladas por el fiscal, quien solicita para él 6 años de cárcel por un delito de falsedad, dos penas de 6 meses de suspensión de empleoy sueldo por los delitos de detención ilegal y allanamiento de morada y dos multas de 200.000 pesetas.

Según el fiscal, el guardia civil López Segura y otros dos compañeros de la Ucifa introdujeron droga en el coche de otro guardia civil que estaba siendo investigado por tráfico de estupefacientes con el fin de poder detenerle, lo que constituye un delito de detención ilegal. Sin embargo, para el abogado defensor, no existió tal detención, sino que el sospechoso fue arrestado por su adicción a las droas como consecuencia de un expediente interno.

Asimismo, el fiscal le atribuye la colocación de un arma y droga en el domicilio de otro sospechoso con el fin de arrestarle después de haber efectuado un registro ilegal en el que no encontraron ningún efecto de relevancia penal lo que, a su juicio, es un delito de allanamiento de morada por funcionario. La defensa sostiene, por el contrario, que López Segura "en ningún momento penetró sin autorización en lugar alguno y menos colocó pruebas".

El repesentante del ministerio público también le acusa de falsear el parte de otro registro a otra vivivenda y ocultar que en ella fue hallado un arma, que desapareció, lo que es negado por el abogado, que pide la libre absolución de su defendido.

El fiscal pide un total de 97 años de cárcel para los 10 guardias civiles procesados, entre ellos el teniente coronel Francisco Quintero y el comandante José Ramón Pindado, para quienes solicita penas de 9 y 15 años de cárcel, respectivamente, por delitos contra a salud pública y falsedad.