La UCE peirá en los próximos días a Seguros que vigile en 1993 los incrementos de primas en el ramo de automóvil, ya que algunas empresas podrían alegar la obligación comunitaria de revisar sus baremos indemnizatorios y la ampliación de su capital, recogida en la Ley del Seguro, para subir las primas más de lo debido.

Para la organización de consumidores, el temor está en el "dumping" realizado por algunas firmas del sector, al ofrecer unos precios que no reflejan los riesgos que asumen con sus clientes, y la osibilidad de que aprovechen los recientes cambios normativos para solventar esta irregularidad, que afecta a la propia solvencia de las entidades.

La UCE entiende que Seguros debería extremar la vigilancia, ya que el año que viene pueden producirse aumentos de primas del 50, el 100 y hasta el 200 por ciento, alegando razones que no lo justifican, ya que esas medidas sólo pueden venir motivadas por una mala gestión.

Por su parte, el presidente de la patronal de aseguradoras de automóviles, José Crcós, señaló a Servimedia que las peticiones de la UCE son justas y aseguró que desde su cargo no pondrá impedimentos a una posible investigación de Seguros para evitar subidas desproporcionadas y crisis en entidades que lesionan la imagen del sector.

UCE y Unespa, en su rama de automóviles, aseguran que hay un 80 por cien del mercado de pólizas que está siendo gestionado bien, y advierten que no está justificado un aumento de los precios de los seguros por las nuevas normativas que entrarán en vigor. No obstante, la organización de consumidores está dispuesta a realizar una campaña informativa a través de sus publicaciones, para informar de la situación más ventajosa que ofrece cada firma y asesorar a los usuarios sobre las situaciones que considera abusivas e incluso sospechosas de problemas de solvencia.

Cercós señaló también que las reformas legales no justifican la subida y recordó que la siniestralidad está bajando, por lo que no cabe aducir mayores riesgos para aumentar las primas.

El dirigente empresarial indicó, no obstante, que el principal problema sigue siendo el aumento de los gastos por indemnización que fijan los tribunales, que este año están creciendo a un ritmo del 30 por ciento, sobre los niveles registrados en 1991.