El portavoz de la UCE, Dacio Alonso, presentó en rueda de prensa los resultados de la investigación del Servicio de Defensa de la Competencia tras haber denunciado esta organización en mayo de 2004 la presunta concertación de precios de Iberia, Air Europa y Spanair con las agencias de viajes de las cuantías del nuevo cargo por emisión de billetes que las tres aerolíneas comenzaron a cobrar a los usuarios el 1 de enero de 2004.

Básicamente, el coste por emisión de billete que pactaron en 2004, según el Servicio, fue de 20 euros por billete para vuelos domésticos, 40 euros para trayectos de medio alcance y 70 euros para los de larga distancia.

Ahora el Tribunal tiene un año de plazo para tomar una resolución, que si es condenatoria puede llegar a una multa de hasta el 10% de la facturación de las empresas, pero éstas siempre recurren a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y luego al Tribunal Supremo, con lo que pasan nueve años desde que se presenta la denuncia ante Competencia y finalmente las empresas tienen que pagar la sanción en caso de que resulten condenadas.

"Hay que modificar la ley porque si no a las compañías aéreas y agencias de viajes les resulta muy rentable conculcar la ley", pidió Alonso. En 2005, Iberia y Air Europa elevaron el cargo por emisión de billete, pero Spanair no.

RESOLUCION

UCE anunció que cuando haya resolución del TDC, si es estimatoria de sus denuncias emprenderá acciones judiciales individuales para reparar el daño económico a los usuarios.

Alonso subrayó que cobrar un cargo por emisión de billete no es ilegal, sino que los operadores acuerden un mismo precio para no hacerse daño entre sí.

No obstante, la UCE denunció hace medio año ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) el mencionado cargo por emisión de billete por considerar que podría ser una cláusula abusiva. El fundamento es, según la federación de consumidores, que las aerolíneas tienen la obligación legal de entregar un billete al viajero y que, según la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, no se puede cobrar al usuario final por una obligación legal de la compañía. El proceso administrativo sigue su curso.