En una nota difundida hoy, la UCE recuerda que desde el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los propietarios de fincas arrendadas con anterioridad al 9 de mayo de 1985 pueden repercutir la cuota íntegra del IBI sobre sus inquilinos.

Dado que este impuesto municipal es desgravabe para el propietario en su declaración de la renta, los responsables de la UCE consideran que si es el inquilino el que lo paga, también debería poder deducirlo en su declaración.

La UCE hace referencia también al escaso éxito que ha tenido el censo de arrendamientos urbanos previsto en la nueva LAU, en el que sólo se han inscrito algo más de 15.000 propietarios de viviendas de renta antigua, y califica de "hipócrita" la actitud de los dueños de viviendas que no se han querido inscribir.

A juici de la UCE, esta negativa responde, en gran medida, a su temor a desvelar un patrimonio y unos rendimientos e ingresos que han mantenido ocultos al fisco, "lo que hace dudar de la escasa rentabilidad de dicho patrimonio, como se ha venido manifestando públicamente por parte de asociaciones de propietarios de renta antigua".

Esta organización de consumidores recuerda finalmente que la inscripción en este censo, cuyo plazo finaliza hoy, es obligatoria para el propietario si quiere acogerse a los beneficos fiscales que establezca el Gobierno.