Según señaló en rueda de prensa el portavoz de la UCE, Dacio Alonso, el Instituto Nacional del Consumo (INC), dependiente de Sanidad y Consumo, puede pedir la ejecución provisional de la sentencia, avalada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, con alcance a todos los estacionamientos públicos y privados de España, ya que se trata de una demanda de cesación.

Además, para que un posible recurso al Supremo "no le salga gratis" a la patronal de aparcamientos, la UCE exige a Sanidad que le pida una fianza de al menos 100 millones de euros equivalente a lo que las 300.000 plazas de parking cobrarían de más por el redondeo en los cinco años que puede tardar el Supremo en pronunciarse.

Todo ello con independencia del proyecto de ley contra el redondeo actualmente en tramitación y que podría convertirse en ley en el plazo de "siete u ocho meses", según UCE.

Para Alonso, la ejecución provisional de la sentencia sólo es cuestión de "voluntad política", algo que en lo referente a la protección de los derechos de los consumidores ni el anterior Gobierno del Partido Popular ni el actual del Partido Socialista han tenido en absoluto.

"Ni este Gobierno ni el anterior, es decir, ni el PP ni el PSOE, nunca han priorizado la protección de los consumidores como un tema de su prioridad y su interés. Ni el PP ni el PSOE hoy están sintonizando con los problemas de los ciudadanos en su condición de consumidores y usuarios", aseguró el portavoz de la UCE.

"La política de protección de los consumidores en España no existe: solamente hay que valorar cuánto dinero público, desde el ámbito del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, se dedica a la protección de los consumidores. Es exiguo el presupuesto", añadió.

Alonso criticó también que la política de consumo esté adscrita a Sanidad y Consumo en lugar de a Presidencia, que es donde debería estar, a su juicio, por tratarse de una "política transversal" y de calado económico, no sanitario.