UCE entiende que estas regulaciones no sólo vulneran los derechos fundamentales de los usuarios, sino que suponen también una serie de graves perjuicios económicos, puesto que con el nuevo sistema de discriminación horaria el recibo de la luz aumentará aproximadamente un 40% para estas familias.

Con la nueva tarifa se amplía el número de horas valle, pasa de 8 a 14, pero el descuento es menor para el usuario, del 55% actual, al 47%. Además, el consumo en horas punta se penalizará con un recargo del 35%, frente al 3% actual. La nueva tarifa es más cara porque el usuario paga la potencia máxima contratada para las 24 horas del día.

Además, la nueva normativa prevé que lo usuarios que aún no se hayan acogido a la nueva tarifa con discriminación horaria tengan que pagar el máximo de potencia contratada.

Por tanto, estos consumidores se ven en la disyuntiva de mantener una potencia menor o cambiar de tarifa.

Según esta organización, miles de usuarios se han dirigido a ellos porque han recibido cartas de sus compañías eléctricas informándoles de que les cambiarán la potencia del contrato y que les cobrarán por ello los derechos de acceso. Se quejan porque tendrán que hacer desembolsos de un mínimo de 200 euros y un máximo de 700 euros.

UCE ha presentado también una queja ante el Ministerio de Industria tomando como base las demandas de estos consumidores.

Para esta organización de consumidores, al realizar esta modificación legislativa, se está haciendo recaer en el usuario el coste del cambio de tarifa. Además, UCE entiende que se ha producido un claro desequilibrio que perjudica al consumidor por la falta de información respecto a este cambio tarifario.