Según informó UCE, el incremento del precio de la vivienda ha hecho que muchos consumidores escojan estas construcciones como "alternativa para tener una segunda residencia o incluso como la primera", sobre todo en Andalucía.

La organización ha realizado un informe sobre esta cuestión, que se centra en la legalidad de la instalación, ya que existen muchas dudas al respecto de la idoneidad de ubicarlas en suelos rústicos no urbanizables.

Según José Carlos Cutiño, asesor jurídico de la organización de consumidores, "algunos comerciales plantean la posibilidad de entender estos productos como un bien mueble y no como uno inmueble".

"Es fundamental que los ayuntamientos definan sus criterios en función de los preceptos de la normativa y, sobre todo, faciliten la información pertinente y necesaria a los ciudadanos", reclamó Cutiño.

Desde UCE agregaron que "no sólo estamos hablando del dinero que puedan llegar a perder muchos consumidores, sino del daño medioambiental que trae consigo ubicar una vivienda prefabricada sin licencia en un suelo no urbanizable".