Según esta organización, "el Ejecutivo ha claudicado ante los intereses de las compañías eléctricas, lo que ha generado una falta absoluta de confianza de los consumidores en el Gobierno, que en su momento fomentó y promocionó la tarifa nocturna como una forma eficiente de consumo energético".

UCE sostiene que la eliminación de este sistema afectará a más de un millón de hogares, que verán modificados sus contratos el 1 de julio "de forma unilateral, por imposición del Gobierno, dejándoles en una situación de clara indefensión jurídica y quiebra patrimonial".

A pesar de que el Gobierno asegura que con la nueva tarifa se aumenta el número de horas "valle" de 8 a 14, el cambio tarifario "va a suponer un incremento del coste de la electricidad durante el día de entre el 25 y 80% para estos usuarios, al quedar obligados a contratar la máxima potencia demandada", añadió UCE.

Por otro lado, criticó la falta de información al usuario, al que no se le ha explicado cómo se llevará a cabo el cambio tarifario.

Por todo ello, UCE está analizando jurídicamente la aprobación del decreto que elimina la tarifa nocturna para llevar al Gobierno a los tribunales y conseguir su anulación.

Defiende que "esta norma se aprobó sin motivación por parte del Ejecutivo, no se ha explicado a los ciudadanos, no pasó el preceptivo trámite ante el Consejo de Consumidores y Usuarios y ha generado una importante quiebra patrimonial a los abonados que tendrán que modificar sus acumuladores de calor".

UCE presentó esta semana 15.000 firmas y reclamaciones de usuarios contra la desaparición de la tarifa nocturna ante el Ministerio de Industria, CNE, Defensor del Pueblo y Grupos Parlamentarios en el Congreso.

Finalmente, la organización aludió también a la nueva tarifa social, para consumidores con menos de 3 KW de potencia contratada. En este sentido, UCE exige que el criterio de aplicación sea la renta, y no la potencia contratada.