En un comunicado hecho público hoy, la UCE niega que haya un vacío legal paa castigar estas actuaciones. En su opinión, los funcionarios implicados pueden ser condenados por cohecho, al amparo del Código Penal, y las empresas por violar la intimidad, protegida por la ley orgánica que regula esta materia.

No obstante, la UCE considera urgente que se incluya en el Código Penal la figura especifica del delito informático, como esta organización proponía en la Carta de Derechos de los Ciudadanos presentada al Gobierno hace un mes.

Hasta ahora, de los doce implicados sobre ls que UCE ejercerá la acusación particular, sólo Joaquín González López, responsable de la empresa Publigés, de Móstoles (Madrid), ha sido enviado a prisión. Otros siete fueron puestos en libertad bajo fianza, y el resto permanecen bajo interrogatorio.

Entre los detenidos también se encuentran los dos responsables de la empresa Centro de Informática de Tres Cantos, Javier Jiménez Sacristán y José María Rodríguez Menéndez, acusados de vender los censos de Madrid, Ciudad Real, Palencia, Cuenca, Zamora,el de la localidad madrileña de Colmenar Viejo.

La empresa de Tres Cantos había informatizado los censos de varias ciudades españolas y se había quedado con copias de los mismos que posteriormente vendió a otras firmas, entre ellas, la empresa Publigés.

Asimismo, la policía investiga a cuatro funcionarios andaluces que podrían haber aprovechado sus puestos informáticos en los ministerios de Industria y Trabajo, para acceder a información confidencial y comercializarla por cantidades que habrían scilado entre 500.000 y 1.000.000 de pesetas.

Los responsables de la investigación han confirmado que el único encarcelado hasta el momento tuvo acceso a la información privada de los registros de la Propiedad, el Mercantil y la listas censales.