Según manifestó en rueda de prensa el portavoz de la UCE, Dacio Alonso, el Gobierno no ha esperado a que el Trbunal Supremo sentenciara si el recurso presentado por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) contra el real decreto tenía fundamento o no y ha sustituido la obligación de poner carteles por la adhesión de las gasolineras al sistema de información de precios de los carburantes basado en la página web del Ministerio de Economía, que sólo se puede consultar con un ordenador o un teléfono móvil.

En definitiva, Economía ha transformado una medida que inicialmente defenda los intereses económicos de los usuarios, "universal y gratuita", en un servicio de pago para el que es necesario disponer de un ordenador o un móvil.

Alonso subrayó que el otro ministerio que intervino en esta cuestión, el de Fomento, respetó el real decreto y abrió expedientes y sancionó a algunas gasolineras por no cumplirlo.

Finalmente, el pasado 21 de abril el Supremo dictó sentencia dando la razón al Gobierno frente a los argumentos de la CEEES, pero para entonces Rato ya había pactado co las petroleras la sustitución de los carteles por los medios telemáticos.

La UCE constata, "una vez más, este desencanto que nos produce a los consumidores que todo el proceso de privatización que se ha llevado a cabo en los servicios de interés general, en determinados servicios públicos, no éramos los consumidores los destinatarios del mismo sino grandes empresas que son las que están siendo beneficiarias y están capitalizando si cabe el desarrollo económico de nuestro país".

Alonso se pregunt cómo es posible que el Gobierno promulgue un decreto y luego lo cambie por la "presión" y el "chantaje" de las petroleras, y que "seamos los consumidores quienes tengamos que gastarnos un dinero por acceder a una información que antes era gratuita y era universal para todos los ciudadanos".

La UCE acusó al Gobierno de "no estar respetuoso y atento" al pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que estaba estudiando la legalidad de ese decreto. A juicio de la organización de cosumidores, el Ejecutivo no esperó a la resolución judicial "porque temía la sentencia que después se ha provocado: que era legal ese decreto, que era muy oportuno y que era muy importante para la protección de los consumidores".