Según el estudio, mientras que en 1999 las familias dedicaban el 30% de su renta para acceder a una vivienda de 90 metros, con un préstamo a 20 años, en 2005 necesitan dedicar más del 50% de su renta para la misma vivienda y durante más de 30 años, lo que genera un peligroso sobreendeudamiento de los hogares.

Para la UCE, esta situación es responsabilidad de unos poderes públicos, Gobierno y comunidades autónomas, que han dejado en manos de promotores y constructores el derecho de los españoles a tener una vivienda digna y adecuada. "Se vulnera un derecho constitucional y se pone en manos de promotores y constructores, cuya única lógica es la del máximo beneficio", afirmó Dacio Alonso, portavoz de UCE.

UCE también acusó a promotores y constructores de "actuar impunemente al margen de la ley, con la mayor falta de transparencia y conculcando sistemáticamente los derechos reconocidos a los consumidores". "Ni uno solo de ellos cumple el Real Decreto 515/89, que se refiere a la información que se debe suministrar a quien compra una vivienda", aseguró Alonso.

Además, según Alonso, a pesar de su "inasumible precio", la vivienda en España tiene "menos garantías que un electrodoméstico". "La Ley de Ordenación de Edificación obliga el aseguramiento de la responsabilidad para los 'defectos de acabados' en el primer año y para los 'defectos de habitabilidad' en los tres primeros años, algo que no se está cumpliendo", aseguró.

Otra de las cuestiones que UCE denuncia es que "en la mayoría de los casos" los promotores y constructores obligan a pagar al comprador impuestos que no le corresponden, tales como la plusvalía y la subrogación hipotecaria.

La plusvalía es un impuesto que asciende a los 2.000 euros y que tendría que grabar el beneficio del vendedor. En el caso de la subrogación hipotecaria el promotor obliga al comprador a subragarse la hipoteca o le obliga a hacerlo.

720.000 VIVIENDAS PROTEGIDAS

Por contra, UCE aplaudió el Plan de Vivienda 2005-2008 aprobado el pasado mes de julio por el Gobierno, ya que "apuesta decididamente por la creación de un parque de vivienda protegida tanto en propiedad como en alquiler".

Mientras que en el Plan de Vivienda 2002-2005, aprobado por el anterior ejecutivo, construyó 442.000 viviendas protegidas, el nuevo Plan se compromete a crear 720.000 viviendas de protección oficial.

"Mientras la posibilidad de acceder a una vivienda dependiera del mercado libre, las familias de renta más baja, los jóvenes y los inmigrantes continuarían con las puertas cerradas", apuntó Alonso, quien advirtió al Gobierno y a las CCAA que van a estar "muy vigilantes" para que se cumplan las medidas acordadas.

Por último, el portavoz de UCE alertó sobre la bolsa de dinero negro que este Plan va a hacer emerger, señalando como posibles soluciones la supervisión de todos los contratos por parte de las administraciones públicas y las denuncias a la Agencia Tributaria por parte del consumidor, "una medida, esta última, que está haciendo reflexionar a muchos promotores".