Según un estudio realizado por la UCE, sólamente las oficinas de Telefónica de Lugo y Toledo ofrecieron "de buen grado" la información socilitada sobre bajas de teléfonos, mientras que el resto de las oficinas consultadas pedían el número de teléfono el usuario, enviar una petición de información y otros requerimientos.

Para los responsables de esta organización de consumidores, estas exigencias de algunas oficinas de Telefónica "obstaculizan y no guardan relación ni proporción con la simple petición de información que se requiere por parte del usuario".

El informe de la UCE señala que todas las oficinas de Telefónica coinciden en que la solicitud de baja del equipo telefónico debe formularse por escrito, excepto en Madrid, donde también pued pedirse acudiendo personalmente a la oficina.

Respecto a los plazos para ejecutar la baja del teléfono, el estudio asegura que van desde un máximo de seis meses en Madrid -aunque suelen hacerlo en un mes-, Lugo y Valladolid, hasta los 4 o 5 días en Colindres (Cantabria), pasando por los 14-20 días en Santander y Barcelona.

Pero, para la UCE, lo más "soprendente" es la disparidad en las informaciones que suministra Telefónica en las distintas provincias sobre el coste de dar de baja un teléfono yel coste del Punto de Conexión de Red (PCR), que la compañía instala a los usuarios que quieren dar de baja el terminal de Telefónica para instalar uno propio.

Así, mientras en Barcelona se compensa con 1.500 pesetas la entrega del terminal, no se paga por el PCR y en caso de alquilar un terminal nuevo no se abona nada, en Santander no hay compensación en caso de entrega del terminal, porque lo retiran los empleados de Telefónica, en el momento de instalar el PCR, que junto con la instalación cuesta 5000 pesetas.

En Colindres (Cantabria), el coste del PCR más la instalación se eleva hasta 7.500 pesetas, mientras que en Madrid y Lugo cuesta 3.000 pesetas colocar el PCR. En Valladolid y Tenerife toda la operación cuesta 5.000 pesetas, frente a 3.000 pesetas en Segovia.

La UCE denuncia la falta de homologación en la política comercial que sigue Telefónica en las diferentes provincias y recuerda a los usuarios que la regulación actual fija un coste de 1.000 pesetas por el PRC inicial y 2.256 por a visita del operario de la compañía, lo que suma un total de 3.556 pesetas, muy por debajo de las 5.000 y hasta 7.500 de algunas provincias.